Estado como empleador: ¿viola las normas laborales, especialmente las de las mujeres?

Es fundamental seguir hablando de trabajo digno y estable, no solo en el sector privado, sino también para quienes trabajan para el Estado. Este mes de febrero se presenta como una oportunidad clave para continuar debatiendo sobre los contratos de prestación de servicios, que siguen siendo una herramienta recurrente de contratación en las instituciones públicas. A hoy, muchos trabajadores siguen esperando su contrato, enfrentando precariedad laboral y falta de seguridad, lo que afecta especialmente a las mujeres.

El mal uso de los contratos de prestación de servicios por parte del Estado ha sido señalado de manera reiterada por las altas cortes del país, que han destacado que este modelo no garantiza derechos laborales ni estabilidad para quienes lo desempeñan. Sin embargo, las restricciones presupuestales y las dinámicas políticas han permitido que este modelo siga siendo ampliamente utilizado, especialmente en sectores clave como la educación, la salud y la administración pública.

Además, los contratos de prestación de servicios, como cualquier otro contrato estatal, están regidos por la anulidad del presupuesto, lo que significa que estos contratos solo pueden suscribirse con una duración que vaya desde enero hasta diciembre de cada año. En la práctica, esto implica que los contratistas son designados cada año por quienes tienen a su cargo la contratación, cargos que en su mayoría corresponden a políticos o funcionarios de libre nombramiento y remoción. Este proceso convierte los contratos de prestación de servicios en una herramienta para alimentar las maquinarias políticas, generando una burocracia política que no contribuye a la estabilidad laboral.

En los últimos cuatro años, el número de cuentapropistas en el Estado ha aumentado un 44%, lo que refleja un crecimiento continuo en sectores clave como la administración pública, la educación y la salud. Este crecimiento no ha sido homogéneo en todas las regiones del país:

· Región Caribe: Departamentos como La Guajira y Sucre presentan las tasas más altas de contratación precaria. La informalidad laboral en estas zonas supera el 80% en el caso de las mujeres

· Región Pacífica: En Chocó, la falta de oportunidades formales hace que el empleo estatal sea una de las principales fuentes de ingresos, aunque bajo modalidades precarias.

· Región Andina: Si bien Bogotá concentra un gran número de contratos de prestación de servicios, la ciudad ofrece mejores condiciones comparativas en relación con otras regiones del país.

· Región Orinoquía y Amazonía: La oferta laboral en el sector público está marcada por una alta rotación y dependencia de los ciclos presupuestales, afectando principalmente a las mujeres jóvenes y a las trabajadoras con formación técnica.

Sin embargo, detrás de estos números, hay una realidad preocupante: la mayoría de estos cuentapropistas son mujeres cualificadas y son infor La pregunta cobra relevancia, especialmente cuando se trata de un sistema que perpetúa el uso de contratos temporales como una herramienta política para garantizar votos. ¿Qué tan dispuesto está el Estado a modificar esta situación, cuando en muchos casos este mecanismo beneficia a las estructuras de poder y, en última instancia, se traduce en votos?

Crecimiento de los cuentapropistas

Entre 2020 y 2024, el número de cuentapropistas en el sector público ha crecido un 44%, pasando de 503 mil empleados en 2020 a 723 mil en 2024. Este aumento es especialmente significativo en sectores clave como salud y administración pública, donde se observa lo siguiente:

· Administración pública: Aumento del 45.3%, de 170 mil en 2020 a 247 mil en 2024.

· Educación: Aumento del 26%, de 137 mil en 2020 a 172 mil en 2024.

· Salud: Crecimiento del 54.7%, de 197 mil en 2020 a 304 mil en 2024.

El papel de las mujeres

Lo más significativo de este crecimiento es que las mujeres lideran este aumento. En 2020 había 313 mil mujeres trabajando como cuentapropistas en el sector público, cifra que sube a 459 mil en 2024, lo que representa un incremento del 46.6%. Este crecimiento se refleja principalmente en:

· Administración pública: Aumento del 57.5%, de 85 mil en 2020 a 133 mil en 2024.

· Educación: Crecimiento del 22.5%, de 78 mil en 2020 a 96 mil en 2024.

· Salud: Aumento del 52.9%, de 150 mil en 2020 a 230 mil en 2024.

Condiciones educativas de las trabajadoras

En términos educativos, las mujeres en estos sectores tienen una presencia destacada en niveles universitarios y técnicos profesionales, con un aumento notable en la participación en salud y educación. Las condiciones educativas de las trabajadoras por cuenta propia presentan grandes diferencias entre regiones. En la Región Caribe, las mujeres con formación técnica y universitaria suelen desempeñar actividades de subsistencia en el comercio informal o servicios domésticos, debido a la falta de oportunidades en el sector formal. En la Región Pacífica, especialmente en Chocó y Nariño, muchas trabajan como docentes independientes o prestadoras de servicios médicos y de cuidado, aunque enfrentan barreras significativas para formalizar sus actividades.

En la Región Andina, se concentra el mayor número de mujeres cualificadas trabajando por cuenta propia en administración pública, salud y educación. Bogotá y Medellín lideran en cantidad de mujeres contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios. Estas mujeres suelen tener niveles educativos altos, principalmente formación universitaria y técnica profesional.

En contraste, la Región Orinoquía y Amazonía la oferta laboral en el sector público es limitada, pero representa una fuente clave de ingresos para mujeres jóvenes y trabajadoras con formación técnica y universitaria. Los sectores de salud y educación son los principales empleadores para las mujeres en esta región.

Este fenómeno de sobreeducación es más evidente en regiones periféricas, donde las oportunidades laborales son escasas y el emprendimiento por necesidad es la principal salida para muchas mujeres. En sectores como el cuidado, la educación no formal y la asistencia en salud, estas trabajadoras juegan un papel fundamental para sus comunidades, aunque con ingresos bajos e inestabilidad económica.

Informalidad regional

Pese al aumento en los números, las tasas de informalidad siguen siendo alarmantemente altas, especialmente en departamentos como La Guajira y Chocó, donde la informalidad femenina supera el 80%. La situación demuestra que, aunque ha habido avances en términos de ocupación, las políticas de formalización siguen siendo insuficientes. El acceso a derechos laborales fundamentales sigue siendo un desafío, especialmente en aquellas regiones que presentan tasas de informalidad más elevadas.

Es fundamental que sigamos hablando de un trabajo digno y estable, no solo en el sector privado, sino también para aquellos que trabajan para el Estado. Durante años, las reformas laborales se han centrado en el sector privado, haciendo necesario un enfoque específico para los desafíos que enfrenta el sector público, particularmente cuando se trata de los contratistas del Estado. No sé si la solución radica en una nueva reforma laboral, o simplemente en el cumplimiento de la ley, pero lo que es indiscutible es que esta situación merece nuestra atención.

El Estado, como empleador, tiene un papel crucial en el mercado laboral de Colombia, especialmente en regiones donde las oportunidades de empleo son limitadas. El sector público podría ser considerado como el gran empleador de Colombia en muchas regiones, sobre todo en aquellas más remotas y vulnerables del país.

El papel ejemplificante del Estado es aún más crucial, ya que no solo debe cumplir con la ley, sino que debe ser un modelo para el resto del mercado laboral. Si el Estado, que debe ser el principal referente en el cumplimiento de los derechos laborales, no garantiza un empleo digno y formal, esto refleja una profunda desconexión entre las leyes laborales y la práctica cotidiana.